Un gobierno que no deja de trabajar

A partir del mes de febrero el país enfrenta una crisis de credibilidad como consecuencia de la relación entre la política y el dinero.

Queda claro que la gente, cada vez más informada y empoderada en sus derechos, desconfía y exige transparencia a todos los actores.

La Presidenta Michelle Bachelet ha dado señales claras para abordar desde el gobierno esta situación: se debe investigar, hay que mejorar el marco legal, buscar acuerdos amplios, pero no puede haber arreglos a espaldas de la gente.

Otro elemento para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas pasa por hacer el trabajo para el cual fueron elegidos las autoridades nacionales, regionales y comunales.

Se equivocaron rotundamente quienes postularon que el escenario paralizó la acción del gobierno.

Hemos visto a la Presidenta en terreno en las zonas afectadas por desastres, promulgando importantes leyes en las últimas semanas como el acuerdo de vida en común, la bonificación para el retiro voluntario de profesores del sistema público, la ley de titularidad docente y la creación del ministerio de la mujer, entre otras.

En tanto para los próximos meses el gobierno ha definido metas claras, como avanzar en el Congreso con la reforma Laboral que ya se está discutiendo en las comisiones; en la carrera docente que la Presidenta acaba de dar a conocer al país; en la descentralización; la agenda de seguridad ciudadana y la ley Ricarte Soto.

También consta el trabajo en el gobierno regional, donde solo en los últimos veinte días hemos sido testigos de la entrega de un terreno en la Umag para la construcción de una sala cuna; la entrega de terreno en ruta 9 para la construcción de una pasarela peatonal, la aprobación en el Core de $2.773 millones para urbanización de terrenos en el marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas.

Asistimos a la entrega del condominio Altavista con 140 departamentos y a la primera piedra del proyecto habitacional San Ignacio donde se construirán otros 120 departamentos.

Ante este panorama resulta extraño que alguien plantee que el gobierno está paralizado o que el gabinete regional no está cumpliendo sus funciones y en terreno.

Lo cierto es que las autoridades del gobierno estamos en permanente evaluación y por eso no es necesario hacer llamados públicos. Cualquier decisión es facultad de la Presidenta de la República y en esto nadie la puede pautear.

Esperamos en este sentido la acción responsable de los dirigentes políticos, especialmente en la Nueva Mayoría.

Los dirigentes estamos llamados a sumar voluntades, talentos e ideas, no a restar.

Cuestionar hoy el liderazgo del gobierno regional, o trasladar mecánicamente los problemas de la clase política nacional a las realidades locales, parece al menos alejado de la realidad.