A
partir del mes de febrero el país enfrenta una crisis de credibilidad como
consecuencia de la relación entre la política y el dinero.
Queda
claro que la gente, cada vez más informada y empoderada en sus derechos,
desconfía y exige transparencia a todos los actores.
La
Presidenta Michelle Bachelet ha dado señales claras para abordar desde el
gobierno esta situación: se debe investigar, hay que mejorar el marco legal, buscar
acuerdos amplios, pero no puede haber arreglos a espaldas de la gente.
Otro
elemento para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones
políticas pasa por hacer el trabajo para el cual fueron elegidos las
autoridades nacionales, regionales y comunales.
Se
equivocaron rotundamente quienes postularon que el escenario paralizó la acción
del gobierno.
Hemos
visto a la Presidenta en terreno en las zonas afectadas por desastres,
promulgando importantes leyes en las últimas semanas como el acuerdo de vida en
común, la bonificación para el retiro voluntario de profesores del sistema
público, la ley de titularidad docente y la creación del ministerio de la
mujer, entre otras.
En
tanto para los próximos meses el gobierno ha definido metas claras, como
avanzar en el Congreso con la reforma Laboral que ya se está discutiendo en las
comisiones; en la carrera docente que la Presidenta acaba de dar a conocer al
país; en la descentralización; la agenda de seguridad ciudadana y la ley
Ricarte Soto.
También
consta el trabajo en el gobierno regional, donde solo en los últimos veinte
días hemos sido testigos de la entrega de un terreno en la Umag para la
construcción de una sala cuna; la entrega de terreno en ruta 9 para la
construcción de una pasarela peatonal, la aprobación en el Core de $2.773
millones para urbanización de terrenos en el marco del Plan de Desarrollo de
Zonas Extremas.
Asistimos
a la entrega del condominio Altavista con 140 departamentos y a la primera
piedra del proyecto habitacional San Ignacio donde se construirán otros 120
departamentos.
Ante
este panorama resulta extraño que alguien plantee que el gobierno está
paralizado o que el gabinete regional no está cumpliendo sus funciones y en
terreno.
Lo
cierto es que las autoridades del gobierno estamos en permanente evaluación y por
eso no es necesario hacer llamados públicos. Cualquier decisión es facultad de
la Presidenta de la República y en esto nadie la puede pautear.
Esperamos
en este sentido la acción responsable de los dirigentes políticos,
especialmente en la Nueva Mayoría.
Los
dirigentes estamos llamados a sumar voluntades, talentos e ideas, no a restar.
Cuestionar
hoy el liderazgo del gobierno regional, o trasladar mecánicamente los problemas
de la clase política nacional a las realidades locales, parece al menos alejado
de la realidad.
