Baldovino Gómez Alba
Secretario Regional Ministerial de
Gobierno
Magallanes y Antártica Chilena
Un
nuevo e importante paso dio en el Congreso el trámite del proyecto de ley de
inclusión, que regula la admisión a los establecimientos educacionales y
termina con el lucro y el financiamiento compartido.
La
iniciativa fue aprobada por las comisiones unidas de educación y hacienda y viene ahora la discusión en particular del proyecto en la
sala de Senado.
La
tramitación de este proyecto es una de las partes que dan forma a la reforma
educacional, cuyo objetivo no es otro que crear condiciones reales de equidad
en el sistema escolar, especialmente cuando hay comprometidos recursos de todos
los chilenos.
Este
proyecto busca terminar con toda forma de segregación dada por el lucro, la
selección y el copago, pero a la vez establece transiciones y las alternativas
para que los sostenedores puedan transitar sin contratiempos hacia el nuevo sistema,
garantizando que no haya sobresaltos en la formación de niños y niñas.
Los
invito a seguir el debate en el Senado donde la Nueva Mayoría, con matices en algunos temas pero un profundo
convencimiento en el fondo, concurrirá con sus votos para seguir avanzando
hacia la educación gratuita, de calidad y equitativa que merecen nuestros
hijos.
Esperamos
que antes del 31 de enero esta ley sea despachada del Congreso, mientras se
avanza en las otras normas y medidas que también dan forma a la reforma de la
educación.
Otra
materia relevante para lograr más igualdad para los chilenos tiene que ver con
la descentralización y la Presidenta Michelle Bachelet no se olvida de esta
materia.
Recordemos
que hace unas semanas se envió al Congreso el proyecto de reforma
constitucional para la elección de los intendentes.
El
gobierno tiene claro que esta elección será importante y efectiva en la medida
que las autoridades regionales cuenten con reales atribuciones para ejercer el
poder.
En
esa línea va una segunda acción de la Presidenta, que esta semana firmó las
indicaciones al proyecto de ley que profundiza la descentralización del país,
entregando mayores atribuciones a los gobiernos regionales.
Estas
indicaciones se complementan con la reforma constitucional que permitirá la
elección directa del Intendente y que fue firmada en Puerto Montt por la
Presidenta el 30 de diciembre e ingresada al 6 de enero al Senado.
Ser
busca que los intendentes electos puedan estar a cargo de la planificación del
territorio regional y urbano, la administración del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, la aplicación de políticas sociales, de fomento productivo
y de infraestructura junto con la articulación de los municipios y la
coordinación de servicios públicos para la ejecución de proyectos de beneficio
de la región, entre otras funciones.
Para
lo anterior, se crearán tres nuevas divisiones al interior del Gobierno
Regional: Fomento e Industria; Desarrollo Social y Humano; e Infraestructura y
Transportes
Esto
implica dotar a cada territorio de mayor autonomía política y económica, para
poder decidir los programas y políticas que, basados en los programas nacionales,
se ajusten y se implementen y correspondan a cada región
Para
mediados de este año el compromiso del gobierno es enviar un nuevo proyecto de
ley para otorgar mayores niveles de autonomía financiera a las regiones.
En
ambos temas, la equidad en educación y en el territorio, el gobierno puede
mostrar acciones concretas y avances efectivos.
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