Con franqueza la Presidenta Michelle Bachelet
planteó al país la necesidad de fijar prioridades en el avance del programa de
gobierno, como consecuencia del comportamiento de la economía.
Algunos han interpretado esto como una renuncia a
los compromisos del gobierno. Nada más lejano de la realidad.
Lo que ha dicho la Presidenta es que a través de
esta jerarquización continuaremos avanzando con las reformas comprometidas a la
ciudadanía, identificando los ajustes necesarios para alcanzar el objetivo de mejor
calidad de vida a todos.
En educación, por ejemplo, se reafirma el compromiso de gratuidad universal en educación
superior, con criterios de vulnerabilidad y cobertura que permitan avanzar en
la medida que la economía vaya creciendo.
Durante el segundo semestre se enviará el proyecto
de ley de mejora de la educación superior, iniciativa que integra calidad,
gratuidad y acreditación.
En educación parvularia se continuará avanzando en
la reducción del déficit de salas cuna y jardines infantiles ajustándola a las
necesidades reales de las familias.
Se continuará trabajando de manera seria y gradual
en el proyecto de desmunicipalización y en la llamada “agenda corta” de la
educación.
El Gobierno reitera además su apertura al diálogo
con los profesores para lograr un mejor proyecto de carrera docente.
En salud: se
cumplirá el compromiso de que al término del Gobierno habrá al menos 20
hospitales construidos, tres de ellos en la región de Magallanes.
En paralelo se reforzarán los recursos para avanzar
en la contratación y formación de especialistas médicos, rondas de
especialistas y otro tipo de estrategias.
Se mantiene también el compromiso de perfeccionar
el sistema de Isapres, promoviendo ajustes que terminen con las prácticas
discriminatorias.
Se mantienen los beneficios del Sistema de
Protección Social: seguro de cesantía, ayudas a jóvenes y mujeres que trabajan,
pensiones básicas solidarias, entre otros.
En materia laboral el Gobierno envió al Congreso un
proyecto que busca modernizar las relaciones laborales para generar más equidad
entre trabajadores y empleadores.
Se mantendrá el diálogo con todos los actores para
lograr un proyecto que represente los derechos de los trabajadores, modernice
las relaciones laborales y al mismo tiempo sea fuente de crecimiento y
productividad.
Sigue la implementación de la reforma tributaria y
de ser necesario se realizarán ajustes técnicos en temas específicos para
garantizar su buen funcionamiento.
En términos de probidad y transparencia hay una
agenda de 17 proyectos de ley en los que se continuará avanzando, priorizando
separar la política de los negocios, mejorar la democracia y el funcionamiento
de los partidos.
Respecto de la nueva Constitución, los ministros
del comité político han sido instruidos para dar inicio a la brevedad a las
conversaciones con los distintos sectores para comenzar a crear las condiciones
de diálogo que faciliten el inicio y la marcha del proceso constituyente.
La
seriedad del gobierno se refleja en el trabajo para cumplir lo comprometido,
atendiendo también a las condiciones en que debemos desarrollar el programa.
El
objetivo no cambia: terminar con la desigualdad que agobia a millones de
compatriotas.
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